sábado, julio 16, 2016

Si me dieran a elegir entre la amnistía y la amnesia sin duda elijo la justicia





La Ley de Amnistía General para La Consolidación de la Paz es un pacto entre criminales. A través de la Asamblea Legislativa, se negaron los derechos de las víctimas para garantizarles privilegios a los agresores.
Funcionarios y políticos han manifestado que la Institucionalidad del país está en peligro porque se declaró inconstitucional esa ley.  Parece que se han tomado muy en serio aquello de “El Estado soy yo” porque la Ley de Amnistía no fue aprobada para salvaguardar instituciones, fue aprobada para proteger a personas que cometieron crímenes  durante el Conflicto Armado.  No está en peligro la Institucionalidad, están en peligro personas vinculadas a las instituciones. Y el peligro al que quedan expuestos -sin la gracia que les otorgó esta ley- se llama justicia.

Durante la guerra civil, cada parte en conflicto hizo de todo para derrotar a su antítesis; luego de la Firma de los Acuerdos de Paz, ambas partes pactaron contra la justicia merecida por las víctimas y sobrevivientes,  a pesar que también era sugerida por los organismos internacionales.  Los que antes fueron enemigos hicieron una tregua  al aprobar la Ley de Amnistía, todo  para no pagar por lo cometido en nombre de la patria o del pueblo.  Tanto a la izquierda como a la derecha la  derogación de esta ley  genera malestar; cada bando está consciente de lo que adeuda.

Con la misma insistencia de que la institucionalidad está en peligro, se ha dicho que se debe evitar que se abran heridas del pasado; eso no es un  argumento, ni una metáfora pacifista, eso  sólo es un eufemismo que están usando  para ocultar el  temor que algunos sienten por la probabilidad de que se abran procesos en los tribunales- porque tanto a la izquierda como a la derecha- se le teme a la verdad, porque no hay madurez para pedir perdón, porque no se quiere hacer honor a  los derechos de víctimas y familiares.  

La Ley de Amnistía ha dañado la institucionalidad desde 1993, porque permitió que asumieran la dirección de la patria personas que atentaron contra la humanidad. Al ser derogada esta ley, se abre el camino para depurar las instituciones y sanar esas heridas que no han parado de sangrar. No podemos ser gobernados por personas que para estar en libertad, deben ser beneficiarios de privilegios que los libran de sus propias responsabilidades. 

El país no se fortalecerá si  a partir de la resolución de la Sala de lo Constitucional, se pacta otra tregua entre los de cuello blanco que tienen las manos manchadas. Es urgente, es necesario, es tiempo de pasar de la locura a la esperanza y de la esperanza a la justicia.