La viralización de un accidente que sufrió un empleado del Pollo Campero ha visibilizado algunas de las dificultades que sufren las víctimas de este tipo de tragedia. Esas dificultades van más allá del percance y deberían de hacer que cuestionemos y debatamos en torno a derechos laborales, leyes de tránsito y pensiones.
Entre los accidentes de tránsito, los accidentes en moto tienen una brecha muy grande comparados a los accidentes en automóvil. En los Estados Unidos, por ejemplo, un motociclista es 27 veces más propenso a morir en un accidente en comparación a un automovilista. En El Salvador, entre la primera semana de enero y la última de febrero, murió un motociclista cada 19 horas de acuerdo con declaraciones del director General de Tránsito del Viceministerio de Transporte que fueron publicadas en El Diario de Hoy el pasado 26 de febrero.
Estados Unidos está entre los tres países que cuentan con los conductores más felices según el Segundo Índice Global de Satisfacción del Conductor que publicó Waze en el año 2016. En ese mismo informe se ubicó a la ciudad en San Salvador en el puesto 184 de las 186 peores ciudades para conducir en el mundo. Si a esos datos sumamos los estados de las carreteras y las coberturas de seguros, queda todavía más claro que las condiciones de riesgo son mayores para quien conduce una motocicleta en El Salvador que para quien lo hace en Estados Unidos y en casi cualquier otra parte del mundo.
El motociclista que trabaja para el Pollo Campero sufrió un accidente cumpliendo con su rol en un proceso de producción, por eso me pregunto: ¿Qué le garantizaron a través del contrato y en qué le están respondiendo los que hasta antes del accidente se lucraron de su productividad? Desde el momento en que las condiciones de trabajo son de alto riesgo, los contratos deben garantizar protección y beneficios extras a quienes están expuestos a peligros derivados del cumplimiento de las funciones asignadas por el empleador. Aunque eso dicta la lógica, no sé que dictaminan las leyes.
Conozco la presión que experimenta un repartidor de comida que debe viajar en una motocicleta para cumplir con las expectativas del consumidor y exigencias de su empleador. Para realizar esta labor no basta con que el repartidor tenga una licencia para manejar motos. Es evidente que el repartidor necesita capacitación extra, por eso me pregunto: ¿El VMT supervisa de manera efectiva a las empresas y asalariados que reparten sus productos utilizando motocicletas?
Entre tantas complicaciones que tiene un trabajador que sufre un accidente, nuestro sistema de pensiones no representa excepción alguna. Aunque se desea lo mejor para el motociclista, se debe considerar que si queda inválido y cumple con los requisitos de ley, tiene derecho a recibir entre el 50% al 70% del salario. Si fallece ¨las prestaciones de sobrevivientes son del 50% de la pensión del fallecido para la viuda / viudo. Si no hay hijos, se pagará el 60% de la pensión del fallecido. Un 25% de la pensión del fallecido tiene derecho a recibirla cada niño elegible. 20% de la pensión del fallecido tiene derecho a recibirla cada padre de familia elegible, el 30% de la pensión del fallecido se paga si hay un solo padre o madre sobreviviente. Cuando hay varios tipos de sobrevivientes, los beneficios no pueden superar el 100% de la pensión de vejez del trabajador fallecido¨.
Josué Orlando Arriaza es el nombre del trabajador, un trabajador que fue atropellado en su horario laboral, un trabajador que estaba cumpliendo con sus funciones asignadas, pero Josué Orlando Arriaza también es un ciudadano, también es padre. Josué Orlando Arriza también es hijo, también es esposo. Y es que Josué Orlando Arriaza no sólo fue atropellado por un automóvil, Josué Orlando Arriaza es otro motociclista que también fue atropellado por los vacíos que existen en nuestras leyes.
Aunque considero positivas y sé que son necesarias las diferentes muestras de solidaridad hacia Josué Orlando Arriaza, sé que él no es el primero y no será el último en esa situación, por eso también hay que prestar atención a nuestro marco legal, pues de lo contrario, el Viceministerio de Transporte, el Viceministerio de Trabajo y el sistema de pensiones seguirán siendo los grandes prófugos en este tipo de tragedia.
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